Hace poco más de una semana la Asamblea de Cineastas Cubanos -grupo autonombrado G-20 en clara referencia al número de integrantes que lo componían en el momento de su creación en mayo de 2013- emitió una “Carta abierta…” en la que declaraban que, desde entonces “reclamamos nuestro derecho a participar en los procesos de cambios que se proyectaban para el audiovisual cubano” y que desplegaron “un intenso trabajo que movilizó a cineastas de todas las generaciones y tendencias artísticas y que dio lugar a un cuerpo de propuestas bien fundamentadas.”
Tengo frente a mis ojos el documento “Propuesta para una renovación del cine cubano”, presentado luego de largas y agitadas jornadas de intercambio entre cineastas que trabajábamos en el ICAIC – yo formaba parte de los más jóvenes en ese momento, pero recuerdo claramente al muy joven Pavel Giroud y sus certeros puntos de vista- y que fue resultado de comprobar cómo las políticas económicas de remuneración a los cineastas nacionales en las producciones de la Industria no se correspondían con las condiciones existentes en el país ni se ajustaban a cuando fueron emitidas, además de existir irregularidades notables, como discriminación del artista cubano por el extranjero que participaba en una coproducción aun cuando éste demostrara una capacidad inferior, y anacronismos evidentes en las normativas de formas de pago que llegaban, incomprensiblemente, a descalabros en la categorización de algunas especialidades técnicas y artísticas.
Todo el sistema de remuneración de la Industria del Cine Cubano se basaba en documentos añejos, destemporalizados y algunos emitidos por organismos ajenos al mundo cinematográfico, donde el maquillaje y la peluquería –por poner solo un ejemplo- no se consideraban especialidades artísticas, sino técnicas, y no tenían “derecho” en una coproducción, que aportaba dividendos en divisas convertibles a la institución, a su correspondiente remuneración extra. Nuevas especialidades como los efectos visuales, la corrección de color o el diseño de banda sonora digital ni siquiera estaban mencionados ni tarifados por la casa productora, y esta situación hacía que la institución tuviera que hacer “malabarismos” tecnicistas para justificar y remunerar esas labores.
También enfrentábamos el caso de aparentemente no existir un marco regulatorio para la Industria del Cine Cubano sobre el pago -universalmente legislado, entendible y justo- de los derechos por la explotación de la obra audiovisual a sus autores, gracias a lo cual cientos de cineastas y creadores audiovisuales cubanos vieron esquilmados durante décadas los dividendos que le correspondían por la exhibición pública, sea por la televisión nacional –incluyendo la que generaba contenido para el exterior a través de Cubavisión Internacional-, la que se hacía en las salas de cine del país, la que generaba ingresos por su venta en Cassettes VHS o DVD en el mercado nacional e internacional, más la que generaba todo el contenido que la propia Productora ICAIC había licenciado a agencias cubanas y no cubanas para su venta más allá de las fronteras de la isla, sea en formato físico y hasta digital por la red de redes.
La desprotección que sufríamos los cineastas generó ese movimiento espontáneo -y solo en apariencias contradictorio- de enfrentamiento desde la colaboración y el respeto que, desde su fundación, marcó la relación de los cineastas con los dirigentes del ICAIC, ya fueran del Instituto o de su Casa Productora.
En uno de los documentos previos al 7to Congreso se señalaba que:
“la situación de los Derechos de Autor dentro del ICAIC ha visto acumular dudas e insatisfacciones, la mayoría de las cuales encontrarían respuesta dentro de la legislación vigente (…) Como simple ejemplo de la situación actual, mencionemos que la “Resolución 72 del 2003”, que establece importantes lineamientos en el sentido de nuestras inquietudes (derechos de taquilla y sobre cualquier soporte de comercialización, etc.), era absolutamente desconocida en nuestros predios hasta hace apenas unos días”.
Se proponían soluciones para:
“1) Remuneración por concepto de exhibición y comercialización, 2) Período de Cesión de Derechos, 3) Mecanismos transparentes y dinámicos de verificación de la taquilla y la comercialización así como de la retribución automática de lo pactado por este concepto, 4) Mecanismos transparentes, dinámicos y de aplicación automática para la retribución de los Derechos de Autor de nuestra Obras exhibidas por la TV, 5) Revisión de las tarifas en moneda nacional para los Guionistas y Directores, 6) Necesidad de implementar una Agencia de Gestión Audiovisual para los Derechos de Autor y 7) Necesidad de implementar vías que permitan a los Creadores Independientes establecer vínculos contractuales con Instituciones, sin perjuicio de sus derechos como Productores de su Obra.”
En el otro documento que trabajábamos, más profundo, que fue el que llegó a tomar el nombre de “Propuesta para una renovación del cine cubano”, se escalaba a conceptualizaciones sobre la economía y sus modelos regulatorios en la cultura, la Institución ICAIC, las producciones y las coproducciones, la financiación estatal y la autofinanciación de la actividad cinematográfica, la política de exhibición y las salas de cine, la incorporación de las nuevas tecnologías digitales y la inminente desaparición del soporte fílmico, la preservación del patrimonio y el estado de las bóvedas e, inclusive, enunciábamos y defendíamos que las productoras y los creadores independientes eran parte esencial del entramado de lo que debía ser el Cine Cubano del siglo XXI, temas que evidenciaban la luz larga con que mirábamos el devenir, siempre iluminados por la visión del genial productor Camilo Vives, a quien quizás debamos la subsistencia del cine cubano y el ICAIC luego de la debacle del llamado “período especial en tiempo de paz”.
En esas reuniones fundacionales que comenzaron desde finales del 2007 hasta su presentación en el Congreso de la UNEAC en 2008 y que, vale la pena recalcar, fueron apoyadas y propiciadas por los entonces dirigentes del Instituto de Cine dentro de sus instalaciones, sin ningún tipo de interferencias y, muchísimo menos, autoregulaciones que los cineastas no permitiríamos, se proponía un cambio a todas luces dramático que involucraba al Ministerio de Cultura, la Comisión de Economía para la Cultura de la UNEAC, el Centro Nacional de Derecho de Autor (CENDA), el Ministerio del Trabajo y, por supuesto, el Partido y el Estado Cubanos. Otras reuniones previas al Congreso se realizaron en la UNEAC y en el Ministerio de Cultura con la presencia del ministro Abel Prieto. Estoy seguro que mucho de lo que se podía leer en ese documento programático del 2008 era asimilado con recelo, por no decir pavor.
Recuerdo la participación activa en esa larga etapa de análisis y búsqueda de una propuesta, a tono con los tiempos futuros y la entonces realidad económica cubana -además de Camilo Vives– a Lía Rodríguez, Jorge Luis Sánchez, Fernando Pérez, Manuel Pérez Paredes, Rebeca Chávez, Ernesto Daranas, Lourdes de los Santos, Magda González Grau, Pavel Giroud, Arturo Sotto, Daniel Días Torres, Frank Cabrera, Isabel Prendes y pocos otros, incluyendo a un servidor.
Concluido el Congreso de la UNEAC, se pudo observar un progreso factual con la asimilación de los creadores audiovisuales en la Asociación Cubana del Derecho de Autor Musical (ACDAM) y el pago retroactivo de sus remuneraciones como autores, situación solventada y que se mantiene vigente hasta el presente.
Pero tuvieron que pasar 4 años más de maratónicas y extenuantes jornadas de los cineastas junto a los directivos de la Productora ICAIC, y con la anuencia del Presidente Omar González, para que se elaboraran, consensuaran y aprobaran los entresijos de una coherente Política de Pagos para la Industria de Cine Cubano y una recategorización de las especialidades artísticas y técnicas, luego de intercambios agónicos, productivos e improductivos en ocasiones, con representantes de la UNEAC, el MINCULT y el Ministerio del Trabajo.
En esos años nos mantuvimos presentes algunos de los que trabajábamos desde el 2007, e incorporamos representantes de otras especialidades, como Rafael Solís, Pepe Riera, Osmany Olivare, Isabel Santos, entre muchos otros.
A partir de entonces, la batalla iniciada desde ese documento programático del 2008 se hizo más que evidente y necesaria, como consecuencia de la transformación indetenible de las relaciones de producción entre una Institución que a partir del inicio del «período especial» vio mermar y desaparecer su infraestructura (sobre todo Laboratorios ICAIC y Estudios Cubanacán) por carencias financieras o materiales, y la desaparición del soporte de celuloide junto al advenimiento de las nuevas tecnologías digitales de filmación y postproducción, muchas de ellas en manos de productores independientes, quienes comenzaron a brindar servicios en las producciones o coproducciones del ICAIC, y en el destape de un cine nacional realizado fuera de los marcos institucionales que, en estos momentos, ha cobrado un prestigio y atención internacional por la relevancia de su contenido y su calidad formal.
A ello se suma la labor creativa muy reconocida de otras instituciones educativas no dependientes del ICAIC, pero de alguna manera adscritas al mismo, como la Facultad de Medios de Comunicación Audiovisual (FAMCA) y la Escuela Internacional de Cine y Televisión (EICTV), más el surgimiento de muchas Productoras Independientes como “5ta Avenida”, una de cuyas primeras obras, “Juan de los Muertos”, fue nominada y ganadora del Premio Goya a la mejor película extranjera.
Ha sido tal la cantidad de material audiovisual generado en estos años por los jóvenes y no tan jóvenes, muchos de ellos realizados con medios propios, financiados autonómicamente o por productores o entidades extranjeras por intermedio de las relaciones personales, el patrocinio de becas o programas de colaboración, las contribuciones mediante campañas de crowfunding en la red y, aparejado a todo eso, su lógica distribución y proyección internacional a través de diversos mecanismos no controlables por las instituciones culturales o gubernamentales (internet, soportes físicos como memorias USB o discos portátiles, el Paquete Semanal, Festivales o Muestras de Cine en el exterior, etc) que el fenómeno Cine Cubano ha desbordado cualquier posible encasillamiento y ha soltado las alarmas en Cuba, sea entre los cineastas o en el entramado de la cultura.
Según el crítico de cine y profesor Gustavo Arcos se ha llegado a una etapa de “carpe diem”, indetenible e incontrolable, en el joven cine cubano.
Este es el estado de cosas que hace que en mayo de 2013 aparezca el G-20, dando continuidad a todo un esfuerzo previo que dio frutos solamente en algunas demandas y que atenuaron el alcance de una problemática que estaba profetizada, exigía atención de las más altas esferas culturales, jurídicas y políticas del país desde hacía 5 años antes y, evidentemente, necesitaba un cuerpo normativo y legal.
Lo que realmente sucedió fue que el ICAIC decidió estudiar y sugerir al Estado los cambios estructurales a implementar en la institución y el audiovisual cubano por intermedio de una comisión interna, llamada Grupo de Trabajo Temporal (GTT), en la que participaban solo dos de los cineastas que desde 2007 hasta 2013 lucharon por otros cambios necesarios: Manuel Pérez Paredes y Jorge Luis Sánchez. El resto eran funcionarios y se excluyó al resto de los cineastas, violando lo que prácticamente era una tradición.
En una carta abierta publicada el 25 de abril de 2013 en su sitio de Facebook, el cineasta Enrique Álvarez agitaba a sus colegas:
“(…) vivimos en la discontinuidad y corremos el peligro de no afrontar nuestras responsabilidades con participación y compromiso; o peor, quedar marginados (permitir que nos marginen) de discusiones, reestructuraciones o maniobras de salón que se siguen haciendo entre cortinas como si nuestra sociedad fuera regida por decisiones e intrigas cortesanas a las que solo tienen acceso unos elegidos. (…) Si no hay asamblea de cineastas, nunca más tendremos derecho a ejercer sobre nuestro destino, quiero decir, el destino del Cine Cubano”.
La respuesta fue masiva y el 4 de mayo de 2013 más de 100 cineastas se reúnen en asamblea abierta en la Sala “Fresa y Chocolate” del propio ICAIC para, después de hacer una catarsis necesaria sobre algunos problemas acumulados, crear el G-20.
En esa reunión Susana Molina, Vicepresidenta del ICAIC aseguró a los cineastas, según el sitio OnCuba, que la consulta a los realizadores es “obligatoria”, pues será imposible avanzar sin consenso, y prometió socializar la información cuando esté más estructurada.
El cineasta Fernando Pérez decía a la prensa en esos momentos:
“El sentido de esta reunión es que hay impaciencia porque no puede existir siempre el mismo discurso. Vamos a cambiar y es urgente. (…) Nosotros tenemos un rostro, decimos honestamente nuestras ideas. Queremos escuchar a los que no comparten esas ideas y el por qué, pero no sabemos qué personas son ni de dónde vienen. Todo es abstracto. Podemos dialogar todo el tiempo, seguir proponiendo, pero queremos pasos concretos, porque la vida es la que determina las leyes y no al revés.”
A lo largo de estos tres años, el G-20 ha trabajado y exigido, sin muchos resultados, sobre los siguientes puntos:
1) el reconocimiento de la condición laboral del creador audiovisual
2) la legalización de las productoras independientes
3) la creación de un Fondo de Desarrollo Cinematográfico que brinde oportunidades equitativas a todos los creadores
4) la necesaria transformación de las estructuras del ICAIC
5) iniciar estudios para una futura Ley de Cine “que recoja estos y otros cambios, dé coherencia cultural y legal a todo el sistema cinematográfico y audiovisual del país en consonancia con las nuevas realidades, y permita al Estado renovar y fijar sus metas de apoyo, protección y promoción del arte cinematográfico, como lo hizo en marzo de 1959.”
A esa labor la Asamblea de Cineastas Cubanos ha dedicado esfuerzo, denuedo, espíritu participativo y democrático, paciencia y sufrido grandes incomprensiones.
La reciente “Carta a los cineastas…” fue emitida el 10 de mayo de 2016 en un sitio de prensa no cubano luego de un profundo e intrigante silencio después del último encuentro participativo en la Sala “Fresa y Chocolate” el 28 de noviembre de 2015, en el que se trató, entre otros, el tema de la censura contra el cineasta cubano Juan Carlos Cremata por parte de sus compañeros del medio y culminó con el incidente de la expulsión del activista político contra el gobierno Eliecer Ávila, al parecer invitado por algún cineasta, por parte de funcionarios del ICAIC y la posterior declaración del organismo de que “no puede haber lugar en nuestros foros para los enemigos de la Revolución”.
Para más incertidumbre de lo que realmente ha sucedido tras bambalinas en estos largos meses de silencio, el G-20 anuncia su reestructuración a solo seis miembros activos, según dicen, “atendiendo a las reales posibilidades de trabajo de sus integrantes, para que puedan enfrentar las tareas que se avecinan con rapidez, eficacia y responsabilidad”.
Ellos son los cineastas Manuel Pérez Paredes, Fernando Pérez (Premios Nacionales de Cine) y Jorge Luis Sánchez, la realizadora de televisión Magda González Grau, el crítico de cine y profesor Dean Luis Reyes, el joven realizador Pedro Luis Rodríguez, y el graduado de la EICTV y organizador de la «Muestra Joven del ICAIC» Mijaíl Rodríguez.
En una artículo aparecido ayer en OnCuba Magazine, titulado “Reforma del cine en Cuba: hay ruido, ¿habrá nueces?”, la directora Rebeca Chávez expresaba:
“Hay acciones o mecanismos que bien podían haber empezado a funcionar, al menos como experimento. El Fondo de Fomento, la Comisión Fílmica y el Comité de Creadores no necesitan norma jurídica nueva ni decreto, solo voluntad de política cultural”.
En cuanto a la nueva Ley de Cine, dice:
“Si no hubiera prevalecido la suspicacia y la descalificación, probablemente ya se dispondría de un borrador. Pero se prefirió mirar para otro lado.”
El director Fernando Pérez manifestaba su inconformidad:
“Es como una invitación (tardía, pero necesaria) al diálogo (…) Los cineastas y productoras independientes trabajan, hacen películas; pero se mantienen en un limbo de alegalidad. Es una situación que adquiere características parasicológicas: existen, pero no existen.”
Para el escritor, guionista y ex-miembro del G-20 Arturo Arango, después del 17D se abrió un escenario inédito para el cine cubano, pues aunque desde siempre productoras extranjeras han venido a rodar en Cuba, la entrada de Hollywood con sus grandes superproducciones y franquicias televisivas ha ocurrido justamente cuando el cine cubano y sus cineastas se encuentran menos favorecidos:
“Las ventajas pudieran ser mayores si tuviésemos un cuerpo legal que nos protegiera. (…) O si existieran comisiones fílmicas encargadas, incluso, de atraer esos rodajes, negociar los pagos por el uso de los espacios y, aún más, si esos ingresos, o una parte de ellos, se reinvirtieran en el audiovisual cubano.”
En esta reciente misiva “Carta a los cineastas cubanos, tres años después” el G-20 confiesa, quizás con ironía, que continuará con sus asambleas e intercambios, ya que constituyen “una de las legítimas conquistas” alcanzadas.
Y deja públicamente en otras manos la responsabilidad de concluir el trabajo iniciado:
“nuestras propuestas, debatidas y consensuadas con los cineastas y el ICAIC, constituyen hoy un camino andado para las decisiones definitivas (…) Hemos encontrado apoyo y tropezado con incomprensiones y, a la fecha, no se han concretado nuestros objetivos, pero una nueva etapa se acaba de abrir con la aprobación en el recién finalizado VII Congreso del Partido de un lineamiento para la ‘culminación e implementación de la transformación del cine, el audiovisual y el ICAIC’”.
Lo cierto es que desde el anterior 6to Congreso del Partido, hace 5 años, solo el 21% de sus lineamientos han podido cumplirse y el 79% restante, de carácter emergente para el país, más los nuevos de este 7mo Congreso, forman parte de un programa de desarrollo social hasta el año 2030, según Cubadebate.
Después de 57 años de que se creara el ICAIC por medio de la primera Ley de la Revolución a solo tres meses del triunfo, pero ya arcaica en su contexto, nos quedan 14 años más para esperar por una nueva Ley de Cine en Cuba.
Al G-20, desprovisto de facultades ejecutivas, no le quedará más remedio que seguir y seguir reuniéndose en pos de seguir legitimando esa “conquista” que mencionaban. Y es que, realmente, no pueden hacer más. Ojalá Fernando Pérez, para 2030 en su 87 cumpleaños, y todos los cineastas cubanos, puedan ver cumplido ese sueño compartido.
Director, editor y guionista cubano ganador en 2017 de un Emmy Award de la National Academy of Television Arts and Sciences (NATAS) en Estados Unidos, de la que ha recibido 5 nominaciones anteriores.
También ganador en la categoría Video del Gerald Loeb Award 2017, el galardón más alto y prestigioso en Estados Unidos al periodismo financiero y de negocios, ganador del Premio Coral Especial del Jurado en el Festival Internacional de Cine de La Habana de 1997 por su largometraje documental “El cine y la vida”, así como otros reconocimientos internacionales. Algunos de los filmes que ha editado han sido nominados a los Premios Goya en España, así como a los Premios Platino del Cine Ibeoramericano.
Actualmente reside en Miami y trabaja como editor para NBC Universal Hispanic Group.
Te felicito Manolito. Brillante análisis y genial síntesis. Me alegra que la indolencia y los golpes te hayan transformado en un guerrero. Un abrazo. José Padron. Director de Cine.