Reproducimos tres artículos sobre el proceso de aprobación del documento “Por una Ley de Cine en Cuba”, el pasado sábado 31 de octubre en la Sala Fresa y Chocolate, en La Habana, aparecidos en la prensa, en blogs o circulados por correo electrónico.
Los cineastas, el ICAIC y la Ley de Cine
Por Roberto Smith, Presidente del ICAIC
Durante más de dos años, un numeroso grupo de cineastas cubanos, junto a directivos del ICAIC, el Ministerio de Cultura y de otras entidades del Estado Cubano, han trabajado en un grupo de propuestas de políticas para la reestructuración del cine cubano y del propio ICAIC. Sin embargo, todavía no se han logrado los cambios que necesitan el cine cubano y su institucionalidad.
Se utiliza el adverbio “todavía” para dar fe de que no han ocurrido los cambios propuestos y para subrayar nuestra seguridad de que los cambios serán posibles cuando se aprueben las propuestas que se analizan en el contexto mayor de la actualización del modelo económico y social cubano, que se propone fortalecer el socialismo en Cuba.
No podemos olvidar que con las políticas propuestas, cineastas e institución estamos interactuando con altos niveles de dirección de nuestro Gobierno, lo que sin dudas, es una oportunidad excepcional para el cine cubano. Con muchas más coincidencias que divergencias hemos avanzado no solo en la formulación de las propuestas, sino en procedimientos que pudiesen aplicarse en las que sean aprobadas.
Las políticas más importantes se refieren al reconocimiento legal del creador audiovisual como artista independiente, el reconocimiento legal de la producción audiovisual no estatal, a nuevos mecanismos de apoyo y estímulo a la producción audiovisual estatal y no estatal, a la transformación del ICAIC como entidad rectora del cine nacional y a las normativas jurídicas que deben proteger y regular al sistema del cine cubano.
En esta última dirección, se aspira a una Ley de Cine, normativa legal mayor que en muchos países, particularmente en América Latina, ha permitido importantes avances del cine nacional. Al mismo tiempo, la propuesta de Ley ha desatado lo que algunos interpretan como una controversia entre cineastas e instituciones. Algunos han pretendido utilizar el tema como instrumento de confrontación. En algunos medios nacionales e internacionales, la propuesta se ha manipulado, tergiversado o maltratado. Lo cierto es que la Ley de Cine ha estado, desde el comienzo del proceso de reestructuración, entre las propuestas de políticas de mayor alcance.
Un primer elemento de orden necesario obliga a considerar que una Ley es el resultado de un proceso, normalmente largo, que requiere la participación de varias instituciones, que transita por la consulta a los Diputados y termina con su aprobación por la Asamblea Nacional. Más que reclamar la aprobación de la Ley, lo que procede con la política propuesta, es comenzar su proceso de elaboración.
En varios países latinoamericanos han sido los cineastas los que han promovido su respectiva Ley. En este sentido, un grupo de cineastas cubanos adelantan el análisis de las leyes de otros países y proponen las ideas de lo que sería útil para nuestro país.
Un segundo elemento de orden se refiere a la necesidad o no de la Ley. Desde el ICAIC hemos expresado el criterio de que una Ley de Cine debe ser la meta que consolide todas las propuestas de cambio. Sin embargo, hemos propuesto que las decisiones más urgentes no deben esperar a la Ley, sino aprobarse con otras normativas jurídicas de procedimiento más expedito.
En otros países, las leyes de cine han incrementado la producción nacional, porque han establecido nuevos mecanismos de financiamiento, principalmente desde el sector privado y dentro de este, desde el propio sector cinematográfico. En algunos países se establecen mecanismos tributarios y de incentivos fiscales para las empresas que decidan invertir en la producción de cine. El procedimiento más utilizado es la imposición de un porciento del precio de entrada al cine, que ingresa a un fondo de financiamiento a la producción. En países como Ecuador y México no se utiliza este mecanismo, pero en otros como Argentina, Brasil y Venezuela, por esta vía se recaudan varias decenas de millones de dólares para el cine.
En Cuba, la exhibición cinematográfica, como la mayor parte de la oferta de las instituciones culturales, es absolutamente presupuestada por el Estado, lo que permite un precio de entrada al cine muy bajo, aunque no cubra los costos de operación de las salas. Obviamente, en la situación actual, esta no es una fuente para financiar la producción, como tampoco lo es para la urgente modernización que necesitan las propias salas.
Aunque estas realidades puedan ser modificadas en el proceso de actualización del modelo económico, siempre se protegerá la cultura para que no sea sometida a la lógica del mercado. La distribución y exhibición cinematográfica cumplen una función cultural que debe estar preservada en manos del Estado. En muchos de los países que han encontrado mecanismos de financiamiento para la producción, puede resultar muy difícil que filmes nacionales encuentren espacios en las pantallas, aun cuando sus propias leyes también establezcan cuotas para la producción del país.
En el escenario actual es previsible el crecimiento de la producción nacional y el incremento de productores extranjeros con interés de filmar en Cuba o de invertir en áreas específicas del sistema audiovisual, tanto en la producción, como en la exhibición y comercialización. Junto a normativas generales del país, el sector audiovisual debe estar ordenado y protegido con sus propias normativas.
Una normativa de rango superior podrá cubrir todo el complejo entramado del cine y regular cuestiones imprescindibles como el ordenamiento del propio sistema audiovisual en función de la política cultural de la Revolución Cubana, la aplicación de las políticas financiera, tributaria y laboral; los mecanismos de protección y fomento del cine nacional; las regulaciones para las coproducciones y los servicios a la producción extranjera; el funcionamiento de la distribución y la exhibición cinematográfica; la comercialización interna e internacional y la salvaguarda del patrimonio audiovisual.
En un universo saturado de obras audiovisuales foráneas, muchas producidas por la industria global y hegemónica del entretenimiento, proteger y estimular la producción audiovisual nacional es una necesidad urgente para la protección y desarrollo de la cultura cubana.
Ley de Cine en Cuba: truco o trato
Por Gustavo Arcos Fernández-Brito
La cultura occidental celebra cada 31 de octubre sus fiestas de Halloween. Una divertida ceremonia de origen celta donde proliferan disfraces, bromas, hogueras y todo tipo de referencias al más allá, las brujas y los espíritus. Pero coincide que éste 31 de octubre en La Habana, los cineastas cubanos decidieron reunirse nuevamente para encauzar su propia lucha contra los fantasmas del dogmatismo.
No hubo calabazas ni velas encendidas aunque el ambiente previo estaba bastante sombrío. En las dos últimas semanas habían circulado por vías “alternativas”, declaraciones, cartas, mensajes y textos que recogían ese estado de incertidumbre y molestia que acompaña al gremio desde hace años. Se reportaban actos de censura contra obras, cineastas o críticos, aumentando la ya de por si elevada temperatura concerniente a las demandas por una Ley de Cine.
Esta vez, los creadores presentaron un documento que recoge aspectos esenciales de sus peticiones, cuestiones relacionadas con la función del ICAIC en el nuevo escenario, el financiamiento de las obras, la aceptación de las productoras independientes, el patrimonio, la libertad creativa, las formas de otorgar la nacionalidad a una película y el respeto y confianza que debe tener el Estado por la labor de los artistas.
Además se ofrecen diversos criterios de por qué resulta conveniente al gobierno cubano, acabar de suscribir la Ley y conjurar con ello todo el ambiente de irregularidades o malentendidos que acompaña al trabajo de los cineastas. El documento fue aprobado por unanimidad y será enviado a las instancias superiores. Si bien no se trata de una Ley (no le corresponde a los cineastas hacerla) es al menos un punto de partida sólido y argumentado por dónde empezar.
Una de las más populares acciones de Halloween es el juego de Truco o Trato (en inglés Trick or treat) llevado a cabo por niños que tocan a las puertas de las casas proponiéndoles a sus dueños que escojan entre darles una golosina o ser víctimas de una travesura.
Los cineastas acaban de ofrecerle nuevamente a la dirección del país, un voto de confianza, una propuesta transparente, una mano tendida al diálogo y la concertación. Realmente lo vienen haciendo desde hace al menos siete años cuando empezaron a enviar señales para una transformación del cine nacional. Pero al parecer la osadía de tomar la iniciativa y reunirse sin que nadie les dé la orden, ha de ser castigada. Los hechos desgraciadamente demuestran que los artistas han ofrecido un Trato y el gobierno les ha devuelto un Truco.
Tal cuestión se hizo evidente, cuando hacia el final de la reunión, varias intervenciones pedían respuestas, nombres, fechas límites e identificar los rostros y nombres de aquellos que han estado ausentes, congelando o tergiversando los reclamos de los cineastas. Los humanos empezaron a hablar de los demonios, esos fantasmas que nunca dan la cara y se mueven conspirando entre sombras.
Resultó llamativo que en la cita no se encontrara nadie de la dirección cultural del país, ni del Partido, del Gobierno y ni siquiera de organizaciones como la AHS o la UNEAC a las que por obligación les tocaría defender y apoyar en todos los espacios a los creadores. Solo el presidente del ICAIC, Roberto Smith, hizo acto de presencia para certificar el apoyo de la institución a las inquietudes y propuestas de sus miembros.
La fiesta de brujas dio origen a un clásico del cine de terror, Halloween dirigido en 1978 por John Carpenter. Se han hecho muchas versiones, convirtiéndose en una saga y una obra de culto, cuyo personaje, el inmortal Mike Myers tiene más vida que todos los gatos de la Tierra juntos.
A la Ley de Cine le queda un largo camino aun por recorrer. Mientras tanto se seguirán haciendo películas, por la izquierda, la derecha, arriba y abajo. Es un proceso indetenible, al que se sumarán nuevos actores y retos, no más se den pasos concretos en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos.
Los que toman las decisiones en el país no son inmortales como Mike Myers. Deberían pensar en eso y acabar de firmar y concretar con ello, una plataforma funcional sobre la cual reconstruir nuestra cinematografía, rescatar al espectador y respetar a los artistas.
Los cineastas han cumplido con el ritual, con el “orden” establecido, elevando pacientemente desde la base y durante dos largos años todas sus propuestas. No son los malvados de esta historia. No vuelan sobre una escoba. No usan máscaras. Y tienen un poder extraordinario que sí los hace inmortales: el Arte.
Por Eduardo del Llano
Lo primero que conviene aclarar es que el G20 no es el grupo de cineastas cubanos que luchan por la Ley de Cine, sino el comité designado por la Asamblea de Cineastas para redactar y mover documentos, para hacer el trabajo duro, siempre de acuerdo a lo que se propone en la Asamblea y para ser sometido posteriormente a su aprobación.
O sea, que por la Ley de Cine luchamos todos los Cineastas en Asamblea, no un grupito de veinte audaces. No se trata de quitar mérito, sino de no centralizarlo.
El temor acá no parece ser tanto a la Ley de Cine per se –la verdad es que apenas ahora existe un borrador, así que ni las autoridades ni el público ni la mayoría de los cineastas sabíamos a derechas de qué iba, cuáles podrían ser sus alcances– sino al hecho, insólito y herético, de que la propuesta de ley vaya de abajo a arriba, y de que quienes la apoyamos no nos hayamos rendido después de varios años de incomprensión y vaselina.
No creo que quienes desconfían de la Asamblea de Cineastas lo hagan únicamente porque no saben (me suena a la noción del socialismo utópico de que los capitalistas explotaban a los pobres porque nadie les había predicado que como resultado aquellos morían de hambre, y eso se veía feo, y que sería mucho más bonito y armónico si todos tuvieran una vida decente).
Opino, por el contrario, que les aterra perder el control exclusivo de las decisiones, y esperan que nuestra energía se diluya en ires y venires, trámites y reescrituras. Toda vez que la creación del ICAIC fue una de las primeras leyes revolucionarias, ciertos cerebros sin demasiado oxígeno habrán establecido la inquietante progresión: hoy derogamos una ley fundacional – mañana se acaba el mundo, sin parar mientes en que lo que fue bueno y tuvo sentido y consiguió edificar y promover nuestro cine hace casi sesenta años, ahora ha sido superado –dialécticamente, qué ironía– por el desarrollo de sociedades, relaciones y tecnologías. Esas cosas pasan…
El proceso de aprobación de una ley es largo, pero no debe ser artificialmente dilatado. Es sintomático que instancias e instituciones que en algún momento nos acompañaron, sentaditos en nuestras Asambleas y haciendo esporádicos llamados a la paciencia y el optimismo, hayan dejado de acudir a las convocatorias. Tan sintomático, al menos, como que otras instituciones no hayan acudido nunca.
El ICAIC, que a veces me ha dado la impresión de portarse como una veleta, parece por fin haber clavado su pica junto a las nuestras. En todo caso, vamos en serio, no tanto porque no tengamos nada que perder como porque estamos dispuestos a perderlo.
Esta Ley beneficiará a los cineastas, pero también al Estado, y creemos que es justa y necesaria, y la queremos ya.
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